02.10.2012
Adiós a la política
Las transformaciones del Estado
Traducido por: Stephen A. Asma (del alemán)
La idea de la política siempre ha tenido algo que ver con la configuración de condiciones y de relaciones sociales: con luchas e intereses, metas sociales y concepciones del orden. Una política se reconocía además como democrática cuando las personas afectadas podían, en cierta medida, participar de ella, aunque bajo condiciones burgués-capitalistas se tratase de una participación muy restringida. Hoy, ambas características se han vuelto muy cuestionables: tanto la capacidad configuradora como el carácter democrático de la política, incluso en su sentido liberal-burgués. Lo que hoy día se llama política se reduce cada vez más claramente a la administración más o menos eficiente del orden existente, a la adaptación ante la fuerza irreprimible de las cosas, sean éstas las fuerzas de una tecnología desatada o las de un mercado mundial incontrolable. El debate político ya no trata de metas sociales alternativas, ni siquiera propiamente de conflictos de intereses, sino de la administración del statu quo. Esto conduce a que cada día menos personas esperen algo del quehacer político y que el escenario político sea percibido más bien como una rama del show business de los medios de comunicación masiva, cuya función principal consiste en entretener. Como consecuencia de ello, aumenta la propensión a que el personal político no sea juzgado por los resultados de sus acciones, sino más bien por la ropa que lleva, por sus índices de popularidad o por la credibilidad de su actuación.
Que la política se haya transformado, por decirlo de algún modo, en una especie de administración de lo local dirigida a ofrecer las condiciones más beneficiosas al capital a costa del bienestar social, tiene que ver con las transformaciones sociales que se registran desde la década de los setenta. En especial los dos fenómenos clave que tienen lugar tras la crisis del capitalismo fordista de posguerra son los siguientes: 1) La reestructuración neoliberal del capitalismo, llamada «globalización» y 2) el ocaso del «socialismo real» con el correspondiente final de la confrontación entre sistemas. La formulación adelantada por Fukuyama del «fin de la historia» describía este momento e implicaba también en un sentido más preciso el «fin de la política». Si ya no quedan alternativas históricas, entonces ya no queda nada para ser configurado y basta, por tanto, con garantizar la permanencia del orden existente asegurando el funcionamiento del negocio corriente ante todas las eventuales disrupciones. Que este objetivo produzca a largo plazo consecuencias sociales cada vez más catastróficas no es más que un hecho tan lamentable como inevitable. Ante estas consecuencias parece que solamente queda la esperanza de que la emergencia político-social, económica o ecológica, se haga esperar un poco.
Tales percepciones tienen un fondo verdadero que se apoya en la experiencia. Nos referimos, especialmente, al fracaso final y definitivo de los grandes proyectos sociales transformadores del siglo xx, tanto a los experimentos reformistas socialdemócratas, como a los autoritarios estatal-socialistas que, con ayuda del Estado, buscaban reconfigurar la sociedad. Se da una aparente paradoja: por un lado, en el siglo xx los Estados se han convertido materialmente a sí mismos en «Estados nacionales» integradores, tanto económica como socialmente, debido a una cierta habilidad de regulación intervencionista de tipo keynesiano-benefactor, y esto tras la imposición del fordismo. Por otro lado, los mismos Estados restringen después, a consecuencia de la llamada globalización, sus propios márgenes de maniobra políticos y configurativos. Este repliegue de los Estados en el sentido de un lean management, de una «administración escasa» de la sociedad, constituye un prerrequisito decisivo para la reorganización de las condiciones de valorización del capital, así como de las relaciones de fuerza de clase después de la crisis del fordismo. Pero con ello, al mismo tiempo, se reducen considerablemente las posibilidades para poder configurar y mantener cohesionadas a las sociedades por medio de la política estatal.
El elemento constitutivo de este proceso de transformación es una internacionalización del Estado que se manifiesta en el desplazamiento creciente de decisiones políticas importantes hacia un sistema complejo de organizaciones e instituciones políticas. Junto a este proceso, partes relevantes del aparato de Estado están en una relación de sujeción directa respecto a los intereses de los mercados internacionales del capital financiero, incluyendo sus formas institucionalizadas, como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G-8, etc. Hoy en día la política es realizada, fundamentalmente, por los ministerios de finanzas y por los bancos centrales. También esto es un motivo por el cual campos decisivos de la política prácticamente ya no pueden ser influidos por las vías y procedimientos habituales, es decir, por medio de elecciones democráticas y a través de la legislación parlamentaria. Como consecuencia de los procesos integrales de privatización y por el creciente poder del capital multinacional, se desplazan simultáneamente las decisiones políticas cada vez con mayor fuerza hacia sistemas de negociación estatal-privados poco transparentes, en gran parte desacoplados de los procesos democráticos formalizados.
Todo ello se vincula finalmente con la emergencia de un sistema mundial unipolar, dirigido por Estados Unidos, caracterizado por el predominio de un pequeño grupo de metrópolis sobre los Estados «más débiles» de la periferia. El resultado es la restricción de los márgenes de maniobra políticos de los Estados individuales. Paralelamente, emergen nuevas formas de conflictos: guerras civiles, matanzas «étnicas» e intervenciones militares «humanitarias» cuya función es, por un lado, asegurar los intereses de los Estados fuertes contra los Estados débiles y, por otro lado, hacer frente al «fundamentalismo» y al «terrorismo». Si alguna vez el concepto tradicional de la política estuvo relacionado esencialmente con el Estado moderno, concebido en principio como soberano, de todo lo dicho anteriormente se deriva que aquel concepto también ha perdido hoy su fundamento. Asimismo, si hasta ahora la anarquía del mundo de los Estados era el principio de organización político determinante del capitalismo mundial, hoy su lugar lo ocupa la anarquía de un imperio casi omniabarcante, atravesado de un extremo a otro por conflictos complejos y por contradicciones: un imperio controlado por un entramado, jerárquicamente estructurado, de Estados, organizaciones internacionales, consorcios multinacionales y –no en último término– organizaciones criminales de tipo mafioso.
Todo lo anterior, tomado en su conjunto, conduce a un vaciamiento tendencial de las mismas instituciones liberal-democráticas que, frente a los decrecientes márgenes de maniobra políticos y a una aparente ausencia de alternativas en la política, profundizan cada vez más su propio vacío. De hecho, todo parece indicar que con el siglo xx termina también la era de la democracia burguesa liberal.
Crisis de representación y «mediatización» de la política
La menor capacidad configuradora de la política estatal, unida a las crecientes desigualdades y fragmentaciones sociales, desemboca en una situación que se puede caracterizar como una crisis de representación profunda y de largo alcance. Ya a finales de la década de los años sesenta, Johannes Agnoli había hablado acerca de los «partidos populares» [Volksparteien] fordistas, y especialmente acerca del surgimiento de un «partido virtual de la unidad» dentro del cual las disputas y los conflictos sobre el orden y el desarrollo de la sociedad desaparecerían en favor de un mero conflicto de dominación entre cuadros de funcionarios políticos en competencia recíproca.
Este partido virtual de la unidad se ha vuelto, poco a poco, completamente real. Se presenta como una «clase política» que encarna los intereses del Estado, en gran medida uniforme en aspecto y conciencia, orientada principalmente a conseguir prebendas materiales y a «hacer carrera». Esta vía para la persecución de intereses privados ya no tiene nada que ver con la ideología y se sitúa más allá de los partidos políticos concretos. Para esa clase política, la política ya no es una «profesión» en el sentido de Max Weber, sino un «chollo» y, en el peor de los casos, simplemente una posibilidad de enriquecimiento privado. Si Joseph Schumpeter había definido aún la democracia liberal –caracterizando su contenido– como una lucha entre élites en competencia por la obtención de la aprobación plebiscitaria, ahora parece más bien que esta competencia entre élites se ha disuelto en un monopolio de hecho. Por eso ha emergido un sistema de corrupción estructural dentro del cual, efectivamente, ya no tienen sentido conceptos como «izquierda» y «derecha». Los puntos de orientación política de la clase gobernante ya no son metas sociopolíticas, ni tampoco los intereses de grupos específicos de electores, sino sólo el mero aseguramiento de la propia posición.
Las elecciones y los intereses del electorado se convierten así, por lo general, en meros factores de interferencia respecto al funcionamiento político normal y son tácticamente marginados, manipulados o, en el marco de maniobras discursivas, neutralizados en lo posible. No se trata tanto de reparar situaciones de emergencia, discriminaciones y fragmentaciones crecientes, como de intervenir y presentar ante la población afectada o agraviada esas mismas situaciones como el resultado de la fuerza irreprimible de las cosas. La idea, compartida hasta hace muy poco tiempo, de que la democracia liberal también incluye entre sus condiciones de existencia una cierta medida de igualdad social y de seguridad ha sido dejada a un lado y sustituida por una fórmula rectora según la cual la desigualdad genera rendimiento y éste, a su vez, crecimiento. Sin considerar, evidentemente, el hecho de que el crecimiento explosivo de las ganancias y la acumulación del capital ya no van acompañados de bienestar creciente para la masa de la población. Ocurre justamente lo contrario.
Ocupada con la administración de la fuerza de las cosas, la clase política extrae su legitimación, cada vez más únicamente, de la fabricación de un mundo virtual del discurso que, ante las imperantes condiciones económicas y políticas, está poblado de momentos racistas, nacionalistas y populista-patrióticos en defensa de los servicios públicos contra extranjeros, el llamado «chauvinismo del bienestar». La carencia de una integración material y la falta de una toma en consideración de los intereses colectivos son compensadas mediante la producción, a través de los medios de comunicación de masas, de imágenes del enemigo (extranjeros, parásitos sociales, criminales organizados…) junto con una llamada a que «quienes más tienen y ganan», a escala global, se solidaricen. Evidentemente, esta llamada moralista a la solidaridad no tiene respuesta. Con ello, la democracia liberal pierde aún más sus propios contenidos universalistas y emancipatorios. La democracia liberal deja de ser un proceso social y el terreno para las disputas en torno a la libertad e igualdad, para convertirse sencillamente en un corsé político-institucional del statu quo social. Por esta razón, las democracias metropolitanas, especialmente, se transforman cada vez más en regímenes de apartheid, que se agotan en la expulsión activa de quienes pudieran amenazar los privilegios que aún restan. No querer apelar a las necesidades e intereses reales de la población, lo que podría conducir a la movilización de los contrapoderes democráticos, hace que la clase política sea aún más dependiente de quienes disponen del poder real.
La política, una vez desvinculada del Estado que rige los intereses de una sociedad cada vez más fragmentada y orientada tanto por la fuerza irreprimible de las cosas como por las necesidades privadas de una «clase política» que se autonomiza, se convierte en una escenificación mediática. La política se diluye en puro discurso y se somete cada vez más profundamente a los mecanismos de funcionamiento de una industria cultural comercializada y de comunicación de masas. Los antiguos partidos populares ya no intermedian, como sucedía durante el fordismo, mediante una integración de las masas materialmente sustentada, sino que se han convertido en algo así como aparatos mediáticos del Estado. En lugar de valores políticos de uso, trafican en el mercado electoral principalmente con mercancías políticas fetiche. Así, los discursos políticos son al contenido de la política lo que la promesa de libertad y aventura (eslógan de Marlboro en Alemania) al contenido real de un paquete de cigarrillos. Lo que cuenta es la presentación, lo decisivo es el envase.
Si los discursos políticos no sirven, existe un «problema de mediación». Este concepto que se ha convertido poco a poco en un tópico, caracteriza de manera notablemente clara cómo concibe esta democracia lo que es la política. La competencia entre los partidos no es más que la búsqueda de una diferenciación respecto a la venta de un mismo producto. Eso se lleva a cabo mediante las conocidas técnicas de propaganda comercial, de organización y de competencia entre índices de audiencia, cuya forma de presentación y de realización no consigue ocultar el acuerdo básico existente entre los diferentes contrincantes. Las promesas de las campañas electorales difícilmente pueden ser incumplidas, ya que, por un lado, no son propuestas realmente en serio y, por otro lado, están sujetas a las condiciones marcadas por la administración. Que los ganadores electorales retiren rápidamente sus promesas anticipadas en campaña se considera algo absolutamente normal. Lo que un primer ministro come, viste y fuma es más importante que lo que hace, a no ser que cometa errores de presentación. En este caso, son requeridos los departamentos de propaganda y los estilistas políticos. Los administradores de la fuerza de las cosas hablan permanentemente de responsabilidades que ellos, según su propio entendimiento, no pueden tener de ninguna manera. Precisamente por esa razón, piden disculpas cuando algo sale mal para, a continuación, seguir haciendo lo mismo que antes. Así, la sociedad de la responsabilidad desemboca, de modo imperceptible, en la sociedad de la disculpa. Las «víctimas sociales» son tan lamentables como los demás «daños colaterales» y las guerras instigadas son lloradas con lágrimas de cocodrilo.
En la República Federal de Alemania la coalición gobernante roja-verde se ha propuesto realizar, en su máxima perfección, esta transformación del concepto de política. Esta coalición ha logrado hacer de la política un evento mediático, en el sentido de un desacoplamiento sistemático entre discurso político y práctica política, lo que implica llevar este desacoplamiento hasta su máxima expresión. Un ejemplo evidente ha sido la guerra de Kosovo. En este caso, mediante un discurso democrático basado en los derechos humanos, presentado con gran consternación, se ocultaron con éxito las causas reales por las cuales caían las bombas: a saber, para el mantenimiento del imperante orden mundial de la OCDE y para asegurar el control de zonas geoestratégicas de influencia disputadas entre bloques hegemónicos. Por eso los gobernantes actuales, en su calidad de especialistas del discurso, están muy interesados en las discusiones críticas e incluso las fomentan. El Ministerio de Exteriores, por ejemplo, mantiene un foro, de nombre «Cuestiones Globales», en el cual políticos, expertos, científicos y, naturalmente las ONG indicadas, cultivan un discurso abierto y crítico sobre los problemas causados por lo menos parcialmente por ellos mismos, a los que el mundo debe hacer frente; problemas de los que el resto del aparato ministerial se puede perfectamente desentender. El gobierno tiene incluso un comisionado propio de derechos humanos, lo que no le impide suministrar, por interés geoestratégico, tanques al régimen torturador turco, ni le impide implementar una política migratoria y de asilo con aspectos muy salvajes.
Así, la formación política roja-verde ha logrado lo que no pudo su predecesora, la liberal-conservadora: la imposición de una nueva hegemonía, cuya lógica consiste en vincular la política de la reestructuración neoliberal y la del Estado, es decir, presentar la competencia de un Estado nacional frente a otros Estados, mediante un discurso moralizante y democrático, centrado en los derechos humanos y que soslaya completamente las condiciones reales de poder, violencia y opresión. De esta manera, la coalición gobernante ha atado y atraído a círculos y fuerzas que antes estaban en la oposición, consiguiendo así neutralizarlas. Este ejercicio de la política es lo que se denomina creación de hegemonía a través de la revolución pasiva y la cooptación. El socio verde de la coalición, volcado hacia la Realpolitik y con su clientela intelectual, juega un papel central en este viraje estratégico del discurso. El prerrequisito para ello ha sido redefinir la «democracia» y los «derechos humanos» como conceptos que sintetizan, en un sentido «chauvinista del bienestar», las formas de vida y de producción de los países occidentales, incluyendo sus fundamentos, tanto económicos como políticos, de poder. En el discurso público dominante, estos conceptos caracterizan la práctica del bloque del «mundo de la OCDE»; y constituyen el fundamento que legitima precisamente su autoproclamación como dirigentes de una policía mundial más allá de cualquier derecho internacional público codificado.
¿La crisis como oportunidad?
Contra lo que proclaman sus propagandistas científicos y políticos, la estrategia de reestructuración capitalista de la globalización no ha hecho emerger ninguna nueva «época dorada» similar al fordismo de mediados del siglo xx. Ésta fue, de todos modos, una excepción histórica conectada –y no en última instancia– con la competencia intersistémica surgida de la Revolución de Octubre rusa. La ola de racionalizaciones destinadas a «ahorrar» trabajo y el desplazamiento de las relaciones en la distribución de ingresos a escala mundial, con el consecuente empobrecimiento de la expansión, han conducido a una crisis estructural de sobreproducción. Esta crisis se manifiesta en las actuales tendencias deflacionistas y en una autonomización cada vez más nítida del capital financiero especulativo. Estas tendencias refuerzan, a su vez, la presión hacia la racionalización industrial. La expansión capitalista se realiza, de manera cada vez más significativa, a través de las megafusiones, cuya meta principal es la racionalización y el control de mercados. Contrariamente a la cháchara incesante sobre la competitividad y el rendimiento, el capitalismo monopolista jamás había estado tan perfectamente definido como ahora. El desacoplamiento estructural entre crecimiento y empleo ha conducido a una situación en la cual las inmensas ganancias de los consorcios difícilmente pueden ser justificadas como condición para el bienestar general. De este modo, los fundamentos materiales del contexto de legitimación que habían cofundado la «victoria» del capitalismo en la carrera de competencia entre los dos sistemas son socavados.
La erosión de las economías nacionales, debido a la internacionalización postfordista del capital, ha hecho cuestionable no solamente el concepto de política nacional sino también el de «sociedad», caracterizada ahora por ser una formación altamente fragmentada y heterogénea tanto en lo político como en lo social. Esto se manifiesta en la creciente incertidumbre acerca de qué debe entenderse propiamente como «pueblo», en el sentido de un «demos» democrático apto para decisiones colectivas frente a la creciente fragmentación social. Que las orientaciones políticas nacionalistas cobren relevancia precisamente ahora, cuanto más pierde la idea de nación sus fundamentos sociales y económicos, es una paradoja sólo en apariencia. Este fenómeno no es consecuencia solamente de dificultades de orientación y de problemas identitarios, sino que como tal adquiere cada vez más importancia, puesto que se convierte en un instrumento de dominación frente a las posibilidades cada vez menores de integración social y material. En cualquier caso, la tan evocada «nave común» del Estado nacional hace mucho que está averiada y haciendo agua. Ya no sirve, en absoluto, para emprender una larga travesía y en el mar tormentoso de la economía globalizada se nos aparece como un bote salvavidas tenazmente defendido contra todo tipo de náufragos; un bote que, en el mejor de los casos, si no garantiza alguno privilegios relativos, cuando menos los promete.
Que la fuerza de trabajo haya sido abandonada a su suerte en todo el mundo, así como la creciente desigualdad social y empobrecimiento, conducen a condiciones de trabajo cada vez más duras y tienen como consecuencia una informalización y una precarización generalizadas. Las condiciones tercermundistas se convierten en algo normal también en las metrópolis capitalistas. Esta transformación no significa evidentemente que el trabajo se acabe, ya que su explotación por el capital es efectivamente la base fundamental de la sociedad existente; pero el trabajo mismo sí que experimenta una profunda transformación. Las relaciones de explotación capitalista se sustentan cada vez menos en un trabajo asalariado formalizado y cada vez más en el (aparente) trabajo por cuenta propia, en múltiples formas de relaciones ocupacionales carentes de seguridad en los sectores informales (trabajo negro) cada vez más extendidos. Estos sectores informales sirven como mercados de consumo masivo, como reserva útil flexible de fuerza de trabajo barata y bien dispuesta, como yacimiento provisional de población desempleada, y como auténticos vertederos de desechos ecológicos y sociales. No hay duda de que bajo el régimen postfordista, cada vez más seres humanos se vuelven superfluos para el proceso de valorización capitalista, puesto que ya ni siquiera pueden tener la posibilidad de una relación de explotación pasablemente regulada. Contra la visión romántica de la economía de subsistencia y del sector informal, vale la pena recordar que estos ámbitos no están en absoluto desacoplados del contexto de reproducción capitalista sino que, por el contrario, representan su fundamento específico. Si el trabajo doméstico nunca ha sido remunerado y el trabajo asalariado que asegura la reproducción, particularmente el femenino, ha sido parte decisiva de las relaciones de capital, ahora el trabajo adopta cada vez más el modelo de la «ama-de-casa» con todo lo que eso implica. La lógica del contexto postfordista de acumulación y regulación consiste, en último término, en profundizar así como en mantener fluidas y permeables las fronteras entre el trabajo asalariado formal en los sectores privilegiados y los distintos sectores informales.
Que un número creciente de seres humanos sean marginados y excluidos del contexto formal de la valorización comporta un nuevo contexto de crisis político-social: cuanto menos se garantizan la relación capital/trabajo y el sustento, tanto más superfluo se hace el capital como inmanente al sistema. Por esta razón, las consecuencias sociales devastadoras de la globalización conducen a una crisis de hegemonía del neoliberalismo cada vez más evidente. Lo que todavía sigue estabilizando y legitimando ideológicamente al neoliberalismo no son las promesas de una mejor y más pacífica sociedad mundial, desmentidas en la práctica desde hace tiempo, sino la dificultad para esbozar alternativas sociopolíticas concretas bajo las nuevas condiciones del capitalismo globalizado y frente al fracaso de conceptos estatal-socialistas y socialdemócratas tradicionales. A ello hay que añadir que las formas neoliberales de pensar y de comportarse han arraigado en casi todos los medios sociales desde el final de la era socialdemócrata. No hay que olvidar tampoco el aumento de las desigualdades y las divisiones sociales, así como la extensión progresiva de una lucha de todos contra todos, lo que evidentemente dificulta la formulación de una oposición.
Se puede afirmar, sin embargo, que las formas de conducta y de conciencia neoliberales, impuestas con éxito en amplias capas y medios sociales, son autocontradictorias. El repliegue estratégico del Estado como instancia materialmente integradora de la sociedad socava también la ilusión del Estado. Además, la disolución de contextos sociales materiales debilita las identificaciones nacionales como fundamento de la dominación burgués-capitalista. El olvido y el menosprecio de los seres humanos reducidos a simples objetos del mercado, abandonados a ser «responsables ante sí mismos», pueden también intensificar sus ansias de libertad y de autonomía. Asimismo, la obligación a adaptarse a una movilidad extrema, así como a una permanente evaluación de conocimientos y habilidades incrementa no solo la utilidad de la fuerza de trabajo sino también las habilidades político-sociales de autodeterminación. Porque, finalmente, quienes no tienen ya nada más que esperar del capital se verán forzados a desarrollar sus propias formas de vida y de reproducción. Los procesos de individualización y de división puestos en marcha por el proyecto neoliberal no se mantendrán necesariamente dentro de cauces funcionales, sino que podrían desarrollar una dinámica social y política propia.
La necesidad de un nuevo concepto de política
Los debates «reformistas» han girado hasta ahora en torno a conceptos que apuntan a una restauración de las economías nacionales y al buen funcionamiento de los Estados nacionales. Estos conceptos se unen en ocasiones a consideraciones acerca de un «arte de gobernar global» democratizado (global governance). En todo esto subyace la idea de que las estructuras fordistas de regulación estatal pueden ser restauradas de una forma u otra, tanto a nivel nacional como internacional. En esta visión quedan en gran medida soslayadas las causas de la crisis del capitalismo fordista y, con ello, las causas del fracaso de las políticas estatal-reformistas. Por otro lado, tampoco se admite el hecho de que la reestructuración neoliberal no es en absoluto un accidente histórico propio del funcionamiento del capitalismo, sino que representa el regreso a la normalidad capitalista tras el fin de los movimientos de masa revolucionarios y reformistas del siglo xx. Lo que en verdad se olvida es que las crisis profundas son un rasgo característico estructural del capitalismo y que esta formación social muestra una dinámica que incluye una permanente necesidad de revolucionar sus propias relaciones económicas, sociales y políticas. Si se toma todo esto seriamente, surge entonces el interrogante acerca de si el pensamiento político crítico tiene hoy que trascender las categorías tradicionales, es decir, las categorías estatales –la identificación entre «política» y «Estado», entre poder social y poder del Estado– y si una política emancipatoria que se quiere tal, debe tener como meta algo así como una mejora del Estado.
Difícilmente. Frente a las consecuencias de los proyectos de reestructuración neoliberales, lo que queda pendiente es una revisión minuciosa y a fondo del concepto mismo de la política: de la identificación aún predominante de la política con el Estado, así como un cuestionamiento del pensamiento articulado a partir de las categorías fundamentales burguesas de Estado y nación, lo privado y lo público, lo político y lo apolítico, la representación y la delegación.
El fracaso de los proyectos de Estado reformistas y revolucionarios del siglo xx nos plantea directamente la pregunta de si las sociedades pueden ser transformadas en un sentido emancipador mediante una actuación planificada y organizada desde un centro, cuando todo plan central tiene, por principio, un carácter autoritario. Cuando tras la actual evolución económica y política se vuelve cuestionable la forma específicamente burgués-capitalista de lo político, lo que conlleva una especie de reprivatización de lo político, nos vemos obligados a revisar las orientaciones críticas tradicionales. El Estado nacional se convierte en parte integral del tejido de un aparato político transnacionalizado, comprometido en lo esencial con la ejecución de la fuerza irreprimible de las cosas y con los grupos financieros que abarcan el mundo entero. El resultado final es que el Estado se vuelve inservible por completo para una política democrática, en tanto que punto de referencia institucional. Si tenemos en cuenta los límites que una sociedad concebida como capitalista y nacionalista fija estructuralmente a una autodeterminación democrática verdadera, no hay que lamentar esta evolución.
La crisis del Estado y de la representación política puede, por el contrario, encerrar también una oportunidad. Lo que hoy se impone es pensar en la idea de un «reformismo radical» que apunta hacia transformaciones sociales emancipatorias, no mediante el poder del Estado, sino a través de la iniciativa social, a través de hacer valer la práctica de nuevas formas de vida y de producción, a través de la creación de contextos de organización política independientes y en contra de estructuras institucionales dominantes.
La contraposición entre política institucional y política autónoma para-institucional, como repetidamente se presentan las discusiones de la izquierda es, en un mal sentido, demasiado abstracta. Por supuesto que hay que tomarse en serio la política estatal, tanto a nivel internacional como en el marco de los Estados individuales, ya que crea condiciones, establece coacciones y dispone de un potencial decisivo de violencia. Esto, sin embargo, no puede significar autolimitarse a una actuación dirigida esencialmente a las instituciones con estructuras de tipo estatal, ni aceptar por tanto sus reglas del juego. Esta actuación sólo reproduce las estructuras existentes de dominación y de explotación. El objetivo fundamental tiene que ser desarrollar posiciones de contrapoder y estructuras independientes vinculadas internacionalmente, que desarrollen contextos de práctica social, esferas públicas y formas de organización. Solamente esto puede realmente cambiar las relaciones sociales de poder y crear conflictos dentro del aparato dominante. La política institucional, dentro y contra los aparatos de Estado, requiere de una base político-social propia. Meras campañas y movilizaciones puntuales son insuficientes.
Cuando, desde un punto de vista global, se constata que grupos cada vez mayores de seres humanos ya no son útiles para el capital, ni siquiera como objetos de explotación, y vemos cómo son dejados a su suerte por los Estados y, en el mejor de los casos, tratados solamente como objetos que deben ser vigilados, controlados y combatidos con estrategias contrainsurgentes de corte policíaco-intervencionista, parece más ilusorio que nunca apelar al Estado o querer renovarlo democráticamente a partir de las estructuras existentes. Sin duda, la alternativa no es nada fácil. Se requiere, ciertamente, una transformación profunda de las formas de vida y de producción de los patrones de consumo, de las concepciones dominantes de lo que sería la «buena vida», de los conceptos de progreso y de desarrollo. En vez de lamentar el fin del trabajo, de lo que se trataría es de tomar conciencia de que el desempleo creciente es el producto de una estrategia de racionalización capitalista. Esta racionalización capitalista, que se basa en la destrucción de los fundamentos de la naturaleza esenciales para la vida humana, tiene además como consecuencia la disminución de la calidad de vida debido precisamente a las mercancías capitalistas producidas a partir de estos procesos de alta racionalización. No es el trabajo el que se acaba sino que éste se realiza de manera equivocada porque funciona bajo el dictado del proceso de valorización del capital; un dictado que impide que trabajos urgentemente necesarios sean realizados, mientras que al mismo tiempo, se produce chatarra con un coste humano cada vez mayor. De lo que se trata es de romper el círculo consumista que estabiliza estas condiciones.
En resumen: de lo que se trata es de retomar un objetivo que la envejecida «nueva izquierda» –que entretanto ha alcanzado la edad madura y se ha convertido en una neoburguesía posmoderna– ha olvidado deliberadamente: la necesidad de una revolución cultural profunda. Una revolución cultural que no sólo es una cuestión de conciencia sino sobre todo de prácticas materiales y de actuación sobre las propias relaciones sociales que las fundamentan. En la izquierda que se dice a sí misma radical existe la tendencia a reducir la política a luchas discursivas y, con ello, a reproducir una vez más la separación imperante entre discurso político y práctica política. No es suficiente –modificando la conocida cita de Marx– criticar críticamente, sino de lo que se trata es de transformar prácticamente el mundo.
No es fácil desplegar nuevas prácticas políticas y sociales, ante lo que están suponiendo los procesos de desintegración social, de marginación e informalización. Para que esto pueda ocurrir es necesaria la creación de esferas públicas y de contextos de organización propios que ayuden a hacer frente a las tendencias hacia la fragmentación, la individualización y la lucha organizada de todos contra todos a escala mundial. Asimismo es necesario incorporar críticamente las experiencias históricas, confrontar prácticas y, concretamente, intereses opuestos y concepciones del orden social divergentes. La separación entre movimientos políticos y sociales (como en el caso de la contraposición entre los antiguos movimientos nacionales de liberación en la periferia y los «nuevos movimientos sociales» en la metrópolis) tiene que ser superada de tal manera que el desarrollo de contextos de organización autónomos y de estructuras políticas se vinculen con un proyecto de revolución de la vida cotidiana. Los movimientos político-sociales como los zapatistas de Chiapas o los Sin Tierra brasileños, entre muchos otros, apuntan hacia algo interesante. Son movimientos que tienen que desarrollarse primero a nivel local y regional de manera descentralizada, dentro de un contexto concreto de experiencias y bajo las respectivas condiciones específicas. Porque solamente se vuelven efectivos de manera políticamente duradera cuando logran vincularse entre sí, creando nuevos contextos de cooperación político-sociales autoorganizados que permitan luego desarrollar formas de actuación solidarias a escala global. En lugar de mejorar el Estado y querer dar forma a la globalización capitalista, se trata de dejar que empiece a operar otro concepto de política, inmediato y práctico. En resumen: se necesita una vinculación entre la liberación social y la política, que proceda de las experiencias y de las condiciones de vida concretas y que simultáneamente supere los límites nacionales y particulares.
Anexo aclaratorio
K M. ¿Cuál es su opinión sobre el concepto de «reformismo radical»?
J H. Esto es un asunto medio complicado. Brevemente se puede decir que la emancipación en el sentido de revolución social no puede ser pensada como toma del poder estatal, como un simple cambio de posiciones de poder. Más bien requiere de un cambio profundo de las relaciones sociales, no sólo de las relaciones de propiedad sino también de las relaciones sociales en los ámbitos más privados. Es decir, en las formas de convivir, en las relaciones de género, en las normas de la división del trabajo, de la reproducción y del consumo, en las relaciones entre sociedad y naturaleza, etcétera. Dichos cambios no pueden ser forzados con violencia u ordenados por el Estado, sino que son resultado de largos enfrentamientos y procesos de aprendizaje resultantes de aquéllos. Escogí la expresión «reformismo» para marcar la diferencia con los conceptos izquierdistas, los cuales entienden la revolución como golpe del Estado. «Radical» se refiere a la necesidad de lanzarse hacia las raíces de las relaciones sociales de explotación y opresión, y no sólo a sus apariencias superficiales, como por ejemplo el Estado o la propiedad privada. De modo que mi concepto es algo muy diferente del reformismo estatal de la socialdemocracia o del socialismo estatal, dos conceptos históricos fracasados.