21.09.2009
Curar y reinsertar
El fenómeno de la deslocalización terapéutica en el engranaje penitenciario
Desde el retorno del PSOE al gobierno en el año 2004, asistimos a una reorganización estratégica del sistema penitenciario español. Un conjunto amplio de acciones político-administrativas, de graduales pero progresivas reformas sobre los medios técnicos y humanos ha comenzado a abrir un agujero en la superficie de los poderes penales y a organizar una dislocación dentro de los recintos carcelarios hacia un nuevo territorio disciplinar. Hablamos de la introducción de nuevos saberes y concepciones respecto de la acción y los fines penitenciarios, de promoción de redes y agentes externos a la prisión, de circulación de recursos estatales, etc. Algo emerge y aparece. Un nuevo poder o, tal vez, una mutación o un desplazamiento. La reorganización estratégica circula y crea sus nichos entre dos plataformas gubernamentales.
Uno
La primera de ellas consiste en legitimar, con un apoyo simbólico de baja intensidad pero de altísima cantidad económica, el significado estratégico de la prisión en el estado español. Como toda institución del estado, también la prisión tiene una función de regulación social: su importancia se mide por la eficacia que el dispositivo penitenciario revela en su rol de contención, aislamiento y exclusión de la población desviante y refractaria. Desde su entrada al poder el gobierno socialista plantea una estrategia de reclusión de esta excedencia a través de la apertura de nuevos centros penitenciarios. Con la apertura de la prisión Puerto III en Cádiz se inaugura el calendario de reforma y construcción de nuevos recintos carcelarios ya planificado en el precedente gobierno del PP pero nunca llevado a cabo. El equipo directivo de la D.G.I.P.1, se preocupa de señalar el problema de la «sobre-ocupación» de las prisiones (con un neologismo institucional tan de moda en la práctica discursiva del poder socialista), al mismo tiempo que asume la responsabilidad institucional de dirigir la metamorfosis del aparato penitenciario español. El planteamiento es: las prisiones son una cuestión de gobierno y hay que gobernar una situación que se ha vuelto insostenible. Sí, porque la población reclusa ha crecido de manera sostenida hasta alcanzar en 2007 índices de encarcelación históricos. Durante la última década las tasas de encarcelamiento aumentaron en España un 200%. Las personas reclusas en el estado español pasaron de 46.000 en el 2001 a 54.653 en el 2003, para colocarse en un record histórico de 66.223 en el 2007 (140 encarcelados por cada 100.000 habitantes). Además, en los últimos años se ha expandido un patrón de encarcelamiento discriminatorio, dirigido fundamentalmente contra inmigrantes, toxicómanos y, más recientemente, islamistas. Actualmente, las cárceles españolas están hacinadas en un promedio de 140% y sus principales «clientes» son toxicómanos (70%) e inmigrantes (más del 30%). Para hacer frente a esta situación el gobierno español aprobó recientemente un plan de 1.647 millones de euros para edificar once centros penitenciarios de régimen ordinario, treinta centros de inserción social en régimen de semi-libertad, finalizar las obras de cuatro nuevos centros penitenciarios, ampliar tres prisiones ya existentes y construir cinco unidades de madres.
Intervalo
De la película El odio.
Voz en off:
«Hasta aquí todo bien,
hasta aquí todo bien…
El problema no es la caída,
es la llegada».
Dos
Aunque paralela y de alguna manera paradójicamente consustancial al plan de edificación desarrollado por la Dirección Penitenciaria que acabamos de señalar, la segunda plataforma penal se desarrolla sobre un cambio gubernamental que representa la verdadera novedad y el eje real de distribución de una nueva filosofía del castigo. Calibrada ya no sobre el aislamiento y la negación de la población excedente, sino sobre nuevos conceptos claves como «reinserción, capacitación laboral y terapia», la segunda línea de intervención penal se distingue de la precedente por dos razones principales:
a) A pesar de que la distancia entre norma y desviación sigue siendo establecida por las dinámicas político-económicas del capitalismo avanzado, el gobierno penitenciario español decide asumir, en su propia administración cotidiana del castigo, una dinámica dialéctica cuyos focos de distribución provienen de una experiencia específica de gestión modular: el modelo de Unidad Terapéutica y Educativa que se ha experimentado, desde hace más de 15 años, en una prisión de Asturias. Es una decisión determinante que tiene su momento de celebración institucional en un encuentro a puertas cerradas en un hotel de Madrid en junio del 2006. En esta ocasión, un alto cargo de la D.G.I.P., frente a los emocionados responsables del Equipo Multidisciplinar de la UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) de la prisión de Villabona (Asturias) y 5 Equipos terapéuticos de otras 5 prisiones que están incorporando el modelo UTE, anuncia abiertamente la nueva estrategia y declara, siguiendo la línea de un artículo publicado por el periódico El País, su voluntad de «Abrir las cárceles».2
«Las políticas de tratamiento nos proporcionan más seguridad, más tranquilidad, menos conflictos. La gente está ocupada y está tratada. La vida en los centros mejora y cambia. Nada más que yo asumí esta responsabilidad y dije que había que hacer del tratamiento una prioridad en esta institución, y muy particularmente de los proyectos terapéuticos que se planteaban trabajar con las personas drogodependientes. Yo conocía el proyecto de Villabona, y me pareció que era un modelo y una propuesta interesante por muchísimas cosas. Me pareció un proyecto estupendo y me propuse que cuando tuviese la oportunidad, tenía que colaborar de alguna manera para que esto se pudiera extender. Debería de hacerlo. Todo cuesta un tiempo y un proceso de este tipo requiere trabajo, conocer la realidad, formar los profesionales, para que conozcan otras experiencias, aprender. Necesitamos experimentar y por lo tanto no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo creo que tenemos que pasar en este año próximo de la consolidación de un proyecto de una idea, de un modelo…bueno creo que tampoco deben de ser despreciados otros modelos aunque haya algunos que nos pueden parecer más intensos que otros…
Pero bueno yo creo que hay que pasar de la idea de consolidación de los proyectos a la extensión. Nos hemos propuesto que antes de que acabe la legislatura en todos los centro penitenciario haya un modulo terapéutico, un modulo de deshabituación del consumo de drogas (…). Estamos en un momento de sobreocupación del sistema y parece que vamos a tener más. Fuera de la broma no parece que esta situación tenga remedio a corto plazo, así que vamos a tener que administrarla y no podemos estar todo el día quejándonos de que tenemos mucha gente. Pues tenemos mucha gente y ya esta. Esto es así. Estamos disponiendo medios para disponer de más centros de manera que podamos repartir un poquito más, pero un centro no se hace en 24 horas, ni en 24 meses…sólo desde que empieza la obra son 24 meses…
No vamos a crecer al ritmo de lo que necesitaríamos crecer para tener a toda la población acogida, si es que hay que tener tanta población, porque algún día habrá que plantearnos este ranking en el que estamos de ser los primeros de Europa en tener población reclusa, si es que vamos a tener algún limite o vamos a querer ser los primeros del mundo, no ya de Europa, y vamos a tener que adelantar a unos países que tienen otros parámetros».3
Estas palabras, que marcan un antes y un después de la conducta de la D.G.I.P., expresan la intención de reorganizar la entropía que crece al interior mismo del sistema penal. La Tolerancia Cero como dispositivo de regulación penal crea un verdadero problema a la máquina judicial y penitenciaria. Aumenta el número de presos y exige invertir una cantidad extraordinaria de dinero público en una institución que no consigue contrarrestar el crecimiento de la población penitenciaria. Colapsan los juzgados, el cuerpo de policía crece como cuerpo externo y en conflicto con la población y se produce un grado de reincidencia inadmisible para la opinión pública y el imaginario social. Por ello, a partir de 2006 la D.G.I.P impulsa abiertamente la introducción de módulos terapéuticos en la mayor cantidad posible de prisiones.
¿Es ésta la única razón?, ¿Qué lógica actúa bajo estas transformaciones más allá de las «buenas intenciones» de la clase política y los administradores de prisiones?
b) La segunda razón por la que esta segunda plataforma gubernamental se diferencia de la primera, consiste en formular una estrategia a largo plazo de metamorfosis de la máquina penal a través de una solución clínico-terapéutica que plantea la rehabilitación de la persona reclusa desde su condición de exclusión social. Precisamente la paradoja (comedia+farsa) –un sistema de gobierno que plantea la recuperación de los reos mientras que el mismo sistema, en su producción constante de precariedad y pobreza, produce la exclusión– impone algo mucho más importante sobre lo que debemos reflexionar.
El proceso de reforma en acto está teniendo lugar en un régimen de invisibilidad que, una vez más, hace de las prisiones el agujero negro de nuestras sociedades. Es importante reflexionar sobre las razones de invisibilidad de estas operaciones de reajuste y de mutación gubernamental que se desarrollan en un estrato que sería lo suficientemente amplio para abarcar el imaginario y el debate público. Según un cálculo puramente matemático, si sumamos a los más de 66 mil reclusos, el número de familiares y amigos, el personal administrativo, de guardia, jurídico, educativo y terapéutico de la institución penitenciaria, y finalmente el archipiélago de ONGS que co-gestionan los programas de reinserción y rehabilitación, tendremos la importante cantidad de más de medio millón de personas. Es decir, en un momento de desmantelamiento del estado del bienestar, la órbita penitenciaria delimita una de las comunidades de afectados más importantes del estado español. Entonces: ¿Por qué este silencio? ¿Por qué tanto miedo en plantear el debate a nivel político y no sólo entre equipos directivos? ¿Por qué las 66 mil personas sobre la que se quiere experimentar estas transformaciones siguen sin voz? ¿Quién y cómo está hablando en su lugar? ¿Qué guerra administrativa se está articulando en el interior de los centros penitenciarios? ¿Estamos realmente frente a una transformación real o a un plan de reforma destinado a complementar y perpetuar el régimen punitivo que se rige sobre el castigo físico y la disciplina penitenciaria?
Qué hacemos cuando uno + dos no da tres…
Nuestro trabajo ha consistido en entrar y analizar el prototipo de experimentación de este nuevo régimen gubernamental. La entrada en la UTE de Villabona ha sido autorizada por el equipo multidisciplinar que, desde el principio, nos ha dejado todas las puertas abiertas para, según las propias palabras de su director, «destripar el funcionamiento cotidiano del nuestro modelo alternativo terapéutico». En este sentido, debemos agradecer su disponibilidad en dejarse investigar desde una transparencia horizontal, que nos ha permitido desarrollar nuestra etnografía con total autonomía, durante tres años de trabajo de campo.
Al entrar en la prisión nuestra premisa era clara: no se puede estudiar un poder sin observar, desde dentro, el funcionamiento, la administración de su gobierno. Pensábamos que no se podía estudiar un gobierno sin observar las respuestas que daban los gobernados a esta nueva administración del castigo. Respuestas que a lo largo de estos años se han manifestado de distintas maneras, pero que en la mayoría de los casos señalan como desde este escenario terapéutico se van extendiendo prácticas que difícilmente podríamos denominar de resistencias, según el canon poder-resistencia estudiado por Michel Foucault. Tampoco en el binomio amigo-enemigo formulado por Carl Schmitt o en el de excepción-norma de Giorgio Agamben. El dato que registramos desde los primeros meses de trabajo de campo en este módulo gobernado por un tratamiento terapéutico, si confirmaba, por un lado, la prisión como territorio de guerra, daba lugar, por otro lado, a un debate importante sobre los formatos de pacto y armisticio que atraviesan todos los niveles de un diferente régimen de enfrentamiento.
Siguiendo las líneas de investigación antropológicas de Pierre Clastres, según la cual la guerra precisamente por su poder de destrucción, es un modo de funcionamiento social que articula la relación enemigo-aliado (entre peligro y cohesión), podríamos decir que en la prisión sigue habiendo guerra. Pero que, al interior de este nuevo dispositivo terapéutico, el régimen discursivo y las prácticas de regulación del conflicto entre prisión y prisioneros están capturados y proyectados en una trama clínica de reconstrucción de un espacio comunitario. El régimen de adaptación táctica se escenifica en un nuevo teatro de la reclusión en el que actúan dos figuras claves, máscaras respectivamente del carcelero y del preso: el terapeuta y el enfermo. Esta es, para nosotros, la confirmación de que existe una mutación real del gobierno de las prisiones de España. Una transmutación que tiene unas características propias sobre las que creemos urgente producir una nueva forma de saber capaz de problematizar el giro estratégico del dispositivo penitenciario.
Esta urgencia se fundamenta sobre todo en la afinidad que existe entre el adentro y el afuera de las prisiones. Tanto dentro, los reclusos, como fuera, los ciudadanos, son sujetos dispersos que dejan de serlo sólo a través de un régimen de visibilidad impuesto por los medios de comunicación. Ni el prisionero ni el ciudadano parecen existir como realidades autónomas. Ambos actúan en un «adentro» parecido: una estrategia de gobierno de la población. Sobre ambos se aplican fórmulas de experimentación que les convierten, según la frecuencia mediática, en actores protagonistas o personajes anónimos de la escena política y social contemporánea. Ciudadanos y reclusos parecen ser simplemente una ficción político-estadística, figuras evanescentes y actores sociales cuya función se limitaría a la personificación de un enemigo o de un amigo público. No hace falta recordar el caso de De Juana para señalar el juego de guerra mediático-política que se ha hecho sobre la vida de una persona condenada a cadena perpetua. Es suficiente señalar que la matriz de gobierno disciplinar de una metrópoli, el civismo de Barcelona, se fundamenta sobre la movilización constante de un ciudadano llamado a jugar un rol terapéutico en un espacio urbano cada vez más encarcelado.
El adentro y el afuera dialogan en un vocabulario de experimentación que señala una transversalidad evidente de las prácticas de dominio. En el mismo retículo discursivo y teórico cohabitan dos formas de gobierno: de contención, normalización y disciplina por un lado; de movilización, control y terapéutica por el otro. De aquí la contemporaneidad de la reforma en acto, su sincronía de procedimientos de emergencia y desaparición. Ambos gobiernos invierten dos poblaciones sólo aparentemente separadas, pero unidas en la representación del espectáculo de dominación. Una señal evidente de la extensión de un catálogo biopolítico de regulación social que se experimenta, dentro y fuera de las prisiones, y que toma la vida como campo de batalla. En este sentido, si pensamos la prisión como una institución central en el multiforme laboratorio de subjetivación y objetivación en el que se construyen las prácticas de gobierno cotidiano, hay que detenerse a reflexionar sobre lo que significa pensar. Para pensar, y sobre todo para pensar la prisión, conviene utilizar lo que Heidegger definía como el movimiento del pensar: pensar, decía el filósofo alemán, es «entrar en la proximidad de la distancia». Sin este movimiento de entrada, sin este ejercicio de apertura, sin este desplazamiento físico que supone el pensar, no habría sido posible entender la prisión y el campo de gubernamentalidad que alimenta en su acción de administración del castigo.
El modelo de la Unidad Terpéutica Educativa (UTE): fase constituyente y deslocalización
Hacia 1992 surge el primer «espacio terapéutico libre de drogas» en el Módulo II de la Prisión de Villabona (Asturias). En 1998 se amplía la intervención al Módulo I y se incluyen mujeres, creándose el primer espacio carcelario mixto en todo el estado. En 2005 se «libera» el Módulo IV y en 2007 el Módulo III con lo que la UTE pasa a dominar más del 40% de toda la prisión. Sus principales líneas de acción son: a) superación de la subcultura carcelaria a través la destrucción de los estereotipos y de la co-gestión entre profesionales, funcionarios y presos; b) integración al módulo de todos los internos que así lo soliciten, sin importar sexo, edad, grado penitenciario ni tipo de delito (excluidos los delitos calificados como terrorismo); c) constitución de grupos terapéuticos dirigidos por profesionales (educadores, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales) en los que se realizan estrictas actividades de formación (talleres ocupacionales, educativos y de salud) y se promueve la «concienciación» de los presos sobre déficit, carencia y causas de la conducta desviada y delictiva; d) aislamiento del resto de la población reclusa y de las influencias negativas, especialmente del ambiente de las drogas, y recodificación de las relaciones amigo / enemigo, e) sustitución de la vigilancia disciplinaria por el control de la información a través de un sistema orgánico que incluye al equipo de profesionales (diseño y coordinación de las intervenciones), funcionarios y guardias (tutores de los grupos terapéuticos), grupo de apoyos (presos con mayor nivel de concienciación), grupos terapéuticos (población reclusa en general) y organizaciones externas (ONG’s y organismos de asistencia). Para ingresar en el módulo los presos deben firmar un «contrato terapéutico» en el que se comprometen a respetar estrictamente las normas del módulo bajo amenaza de expulsión. El uso de la violencia física o verbal, la introducción de drogas, la relación con personas negativas o la resistencia a asumir el proceso terapéutico, pueden ser motivos de expulsión.
El sistema de «seguridad» de la UTE privilegia el control a través de una compleja organización interna y de una red territorial que incluye procedimientos de registro, examen, diagnóstico, seguimiento y apoyo. Como expresa un guardia la UTE «es un sistema que puede controlar sin vigilancia». Desde un punto de vista estrictamente político su característica más notable es la de constituirse en una eficiente red de comunicación e información. No señala un blanco ni una órbita, sino que intenta constituirse en un nicho. Es un modelo más totalitario en la medida que promueve una adhesión interna, subjetiva, de los presos ante su proceso terapéutico y el de sus compañeros, muchas veces bajo la presión de ser considerados por los presos de otros módulos «chivatos»4 o «perras». Se trata de un proceso terapéutico encargado a la institución penal que hace que la persona reclusa caiga todavía más en manos del sistema penitenciario. Pero, aún siendo la individuación el objetivo más inmediato del dispositivo terapéutico, produce su efecto más contundente sobre el colectivo, sobre los espacios, dinámicas, acciones y reacciones del conjunto de presos, guardias, funcionarios y profesionales que forman la anatomía y economía de la prisión. Como efecto de la acción terapéutica la vida cotidiana de los módulos, los tiempos, espacios y formas de cumplimiento de condena, cambian afectando al sistema clasificatorio y de actitudes en un proceso de recodificación.
En conclusión, el tiempo regresivo de la experiencia carcelaria es sustituido por un tiempo progresivo (productivo) de la terapéutica, donde los presos se vuelven gestores de su propio espacio de castigo y reforma.
El modelo de la UTE se ha deslocalizado en la actualidad hacia otras prisiones dentro y fuera del estado español. La forma de hacerlo ha sido organizando un sistema de formación del personal encargado de la dirección de estos nuevos módulos a través de stages. Aprendido el sistema de gestión, estos hombres y mujeres que participan con una carga emotiva muy fuerte debido su inclusión en un proceso de reforma (interno) definido «histórico», han sido los vectores de difusión del modelo hacia otras prisiones. Se trata de un rápido proceso gubernamental de construcción de redes administrativas alrededor de un nudo de significado teórico orientado a la praxis y a la distribución de los programas terapéuticos: ya son 12 cárceles que plantean instituir la alternativa terapéutica (Madrid, Andalucía, Galicia, Valencia…), y la D.G.I.P. trabaja para que en poco tiempo las 77 prisiones españolas cuenten con un módulo terapéutico. La expansión progresiva del proyecto terapéutico en el seno de la cultura carcelaria tradicional pone en circulación una forma diferente de poder. Este nuevo gobierno de las prisiones actúa a través de una subjetivización del castigo y una individualización de la condena, cuyas consecuencias son la reducción de los espacios/tiempos de crisis, la objetivación de los procesos de reinserción y la metamorfosis de las categorías de presos y guardias a través de otros códigos, menos evidentes, más flexibles.
La magnitud de la alteración taxonómica del castigo: prisión, trabajo y terapéutica del ser
La prisión sigue siendo un laboratorio de experimentación gubernamental y un dispositivo de regulación social del conflicto entre capital y trabajo. Sigue gobernando el territorio y la población, y lo demuestra el número de prisioneros y la perspectiva de crecimiento de las infraestructuras penitenciarias: cada vez más cárceles. Pero precisamente porque entendemos la prisión como maquinaria de gobierno, o uno de los dispositivos de gobierno de lo real, es útil pensar la prisión como una máquina mutante de captura de una realidad en movimiento. Hay que reflexionar sobre el movimiento flexible de esta captura siguiendo el consejo etnográfico de M. Mauss:
«En la mecánica se ven las masas y los sistemas, o como en el mar se ven los pulpos y las anémonas. Vemos un buen número de seres humanos, fuerzan móviles, que nadan en su ambiente y en sus sentimientos.»5
Desde hace tiempo, para hablar de estas «fuerzas móviles» que hoy están reclusas en las prisiones del país, ya no se habla de proletariado, aquel sujeto colectivo que tiene conciencia de su propia condición de clase. Es un efecto más del cambio de régimen discursivo que impone la dominación neocapitalista. Desaparece del mapa un sujeto colectivo debido a su retirada masiva y a una batalla de retaguardia –necesaria– para defender las migajas de derechos que todavía quedan en el mantel social después de la pulverización del ataque neoliberal a las condiciones de vida, de trabajo, de socialización de los trabajadores. Pero esta condición de retirada no hace desaparecer el sujeto, sino que lo invisibiliza, lo hace anónimo. Una manera que tenemos para salir de la fantasmagoría y reflexionar sobre las consecuencias de esta condición de retirada es analizar el campo de batalla de las prisiones. Desde finales de los años ‘90, las prisiones «albergan» los hijos y las hijas de un proletariado urbano y rural y «recluyen» sus absolutas necesidades de transformar las propias condiciones de clase a través del limitado repertorios de herramientas que quedan cuando se rompen las trincheras y hay que dejar en el suelo las armas más eficaces. Ni hablar de una conciencia de clase o una integración social en el propio ambiente de vida cotidiana, o la resistencia de una identidad colectiva que supone un intercambio continuo de valores simbólicos y sociales.
No sorprende entonces que la media de edad de las personas reclusas haya bajado de casi 5 años: actualmente en prisión la edad media es de 25 años. El nuevo perfil de prisionero es el/la joven de 20 años, detenido mientras recurre a la economía informal de la calle para compensar la pérdida de prestigio y respeto social debida al empeoramiento de las condiciones laborales y salariales. Es un estrato en el que se celebra cada día el ritual de interacción social del tráfico de droga y de la acción policial, además de ser una mecánica de integración territorial: una economía ilegal que genera y presta un servicio indispensable para el desarrollo y la perpetuidad de la economía legal. El otro perfil de prisionero es el/la joven inmigrante obligado a traficar con su propia identidad a la búsqueda de una legitimidad de supervivencia en un sistema de distribución de derechos que no lo incluye en cuanto lo ata a una condición de mano de obra barata de caducidad limitada: el servicio que presta a la economía legal desde su condición de extranjero es en un tiempo predeterminado. Y subrayamos la detención cada vez más intensiva de mujeres jóvenes que suman años de prisión por enfrentarse a su necesidad de ruptura con las relaciones familiares, las mismas que las encapsulan en un sistema de gobierno cotidiano muy alejado de la supuesta paridad de derecho que tanto se propaganda en la retórica del gobierno.
En todo caso, el trabajo sigue siendo el lugar central de intervención por parte de los dispositivos económicos, políticos y culturales. Sobre el trabajo, es decir sobre los formatos de explotación y precarización que a través del trabajo cosifican la vida de un/a joven trabajador/a de 25 años insertándolo/a en el protocolo de sujetivización necesario para la producción, el consumo y el orden, se configura el único derecho de ciudadanía actualmente accesible para una población excedente. La relación trabajo-ciudadanía es una idea ampliamente transversal, interclasista, compartida por éticas laicas y religiosas. Algo más que una ideología: es un sentido común, un consenso, una norma de comportamiento y de juicio completamente incorporada que funciona como dispositivo disciplinar, sin pasar a través de un conciente examen crítico. Algo que nos permite plantear preguntas como: ¿Qué diálogo hay entre cárcel y trabajo? ¿Qué tipo de efectos disciplinarios produce la precariedad? ¿De qué tipo de instituciones necesita hoy la restricción de los derechos de ciudadanía? ¿Qué mercado ilegal sustenta la economía legal? ¿Dónde está el frente y la frontera entre sujeto de derecho y sujete de interés? Y finalmente: ¿Existió alguna vez la sociedad civil?
Preguntas que hacen de corolario a la microfísica de poderes que invierten los nuevos perfiles de presos y señalan un cambio: en las economías ilegales, que sustentan y ofertan un catalogo de servicios no formales a las legales, ya no se mueven las mismas figuras conflictivas de antes. Las categorías con las que la criminología clasificaba a los toxicómanos y a los presos «sociales», que han hecho la historia de la prisión española desde los años setenta hasta la mitad de los 90, se van perdiendo. La entrada de nuevos sujetos (con un flujo gradual de ingresos de jóvenes de clase media en plena fase de pauperización) consolida y refuerza la sensación de una metamorfosis que hay que intentar encuadrar.
Gobernar las prisiones, en una época de evidente criminalización, captura y exclusión de la diferencia, es una cuestión táctica de contención del fenómeno de la delincuencia. Por esto es importante pensar la mutación dentro del evento terapéutico de transmutación penitenciaria: para percibir su estruendo y hacer emerger su compleja relación con los múltiples procesos históricos de su presente. Estamos hablando de verificar los modos de pensar que construyen el paradigma teórico de la terapéutica como acción de gobierno: estudiar los modelos de referencia experimentados en otros ámbitos, percibir de los responsables de este proyecto sus desafíos y expectativas, sus pretensiones de actuar sobre la conducta de centenares de individuos, sobre su formación, adiestramiento, reforma, cura y reinserción.
Mantener abierto un observatorio de análisis sobre la racionalidad de este gobierno, captada en su estructura operativa, en el régimen de prácticas que forma un sistema de racionalidades, una génesis de saberes y una tecnología de poder que (se) re-produce en una pluralidad de otras relaciones sociales. Y a través de su ejercicio soberano, de sus episodios de soberanía, entrar en las formas de racionalización clínica de la práctica de gobierno que construye y separa gobernantes de gobernados, sujetos de derechos y sujetos a terapia, sujetos de interés y objetos de curación.
Proponer un diagnostico sobre el efecto y las condiciones de otros procesos: las luchas, que nacen y se injertan en el interior de esta nueva economía de poder.
Situarse en el interior de la génesis de un sistema alternativo a la prisión tradicional y desglosar la relación que existe entre ejercicio de las prácticas y construcción de las verdades de gobierno.
Investigar los dispositivos de saberes que reconstruyen el valor de uso simbólico y práctico del castigo, en su desarrollo cotidiano, es decir, al interior de los conflictos, crisis, trances, pactos, contratos y violencias, que reestructuran, con un golpe de estado de la razón, lo verdadero de la punición y lo falso de la reforma.
Hipótesis de problematización
Una de las principales consignas que Erving Goffman hizo en su texto Asylum es seguir y ampliar la investigación sobre las instituciones totales. Su análisis empírico sigue siendo todavía un punto de partida indispensable para todo investigador que quiera desnudar la ideología que sustenta el significado más íntimo de las instituciones. Según Goffman, para desenmascarar la institución total es suficiente traer a la superficie la explícita contradicción que subiste entre la ideología que la sostiene y la captura de la realidad en que opera. Es aquí donde se revela su valor de uso social: trazar una línea de separación entre norma y desviación para poner bajo custodia todo lo que se sale de la norma. De tal manera, el factor común que une toda institución total es su «necesidad de punición». Hasta tal punto que «hay que descubrir un crimen que se adapte a la punición para reconstruir la naturaleza del internado y adaptarla al crimen».6 En la toma en custodia de una persona desviante, la institución penal, más que contener el ser desviante del internado, lo construye y lo dota de una gramática de conducta.
Una serie de disposiciones institucionales, reglas y rutinas formalizadas, inducen en los capturados dos procesos paralelos: por una lado, a través de mecanismos de «nivelación» se despoja a los individuos de su yo anterior, su yo civil, y por otro, a través de la internalización de las rutinas institucionales se re-instituye el «yo» ahora como «yo institucional». La institución «obliga» a una normalización de la conducta, por medio de un proceso de subjetivación coactivo, e intenta hacerla punto central en la estructuración de la personalidad del internado. Los sujetos recluidos-producidos en-por las instituciones totales están marcados por una escisión básica, es decir, poseen formas de subjetividad regidas por formas binarias. La población de presos, además porque carecen de alternativas, adopta una actitud frente a la institución que oscila entre la identificación y la oposición, de modo que a la menor presión, como dice Goffman, están «dispuestos a recuperar el equilibrio cambiando de posición. De esta forma, el yo puede manifestarse contra algo».7
La re-construcción de una identidad desviante y su reinserción en el mercado laboral y en una economía (sub) existencial, es uno de los principales objetivos del nuevo programa terapéutico impulsado por la dirección penitenciaria. En una realidad cuya finalidad terapéutica se limita a la custodia de la peligrosidad de la desviación, el internado asume la institución como propio cuerpo, es decir incorpora la imagen que la misma institución propone e impone. En el caso de algunos de los prisioneros en los que se ha centrado esta investigación, esta imposición de la prisión fue bloqueada por su respuesta. Lo cual ha significado vivir, en la mayoría de los casos, otro umbral de exclusión. Pero para muchos de los que adhieren y pactan, sobre todo los jóvenes reclusos que viven la primera experiencia de cárcel, la desviación se transforma en institución y la institución, cuando trabaja bajo el marco terapéutico, reconoce su propia validez y eficacia (inclusive identidad) en el recluso construido y/o clasificado según sus parámetros. Las normas de organización de una institución penal responden en buena medida a esta transformación del recluso. De ahí que un análisis de las normas de organización de la vida cotidiana de un módulo penitenciario revela el nivel de conflicto o de normalización que lo atraviesa. Pero no es suficiente. Michel Foucault escribía:
«Si se analiza la prisión desde la óptica de las disciplinas, hay que cortocircuitar, podemos decir rodear el punto de vista funcional, recolocando de nuevo la prisión en una economía general del poder. De repente nos damos cuenta de que la historia real de la prisión no está ritmada por los sucesos e fracasos de su funcionalidad, sino que se inscribe en unas estrategias y tácticas alimentadas por sus déficit funcionales.»8
En esta economía general del castigo, el sistema penal se despliega y muta como una máquina, experimentando clasificaciones sociales y políticas que exceden con mucho sus espacios legales e institucionales. Los déficit funcionales se registran en la criminalización y la asignación de estereotipos negativos contra los inmigrantes y toxicómanos (como se ha indicado las dos categorías de reclusos más numerosas en las cárceles españolas en la actualidad) y en la construcción de nuevos perfiles de reclusos. Pero precisamente sobre estos déficit y sobre la deficitaria tendencia del sistema penitenciario a no poder contrarrestar su expansión, se extiende un proceso paralelo que multiplica el control y la vigilancia fuera de los lugares tradicionales de castigo. La terapéutica es una nueva etapa de esta deslocalización de la maquina penal contemporánea al interior de un tejido social que se ha modificado durante los últimos 20 años. La terapéutica opera una captura de la realidad que actualmente solo podemos registrar en su engranaje hermenéutico de producción del ser: «curar y reinsertar».
- Nuestra primera hipótesis es que estamos atravesados por un proceso de proliferación y construcción de un nuevo espacio terapéutico-penal de la experiencia que denominamos Ágora penal, que captura y rearticula, en su circulación, el adentro y el afuera de los espacios del encierro y la normalización, afectando nuestras vidas, nuestros formatos discursivos y nuestro régimen de prácticas cotidianas.
- La segunda hipótesis, casi el efecto de la primera, es que este proceso de construcción de un nuevo espacio terapéutico-penal marcha paralelo a un proceso de transformación del mercado de trabajo. El contexto de análisis en el que se sitúa nuestra investigación sobre el poder terapéutico es el de una nueva etapa de la producción capitalista, caracterizada por una generalización del mercado precario, por la informalidad, la flexibilidad y la movilidad de las prestaciones de trabajo. Las nuevas condiciones de la sociedad del capitalismo avanzado (postfordista) en que el capital «pone a trabajar» la vida indican el clímax de la subsunción real del capital en la vida social, afectando la definición misma de lo que conocíamos como ser humano. La esfera productiva encuentra su dinamismo, cada vez con mayor fuerza, de la recodificación de las relaciones entre vida, trabajo y política y es, por ello, más biopolítica. Además, en la fórmula neoliberal que sustituye el sujeto de derecho por el sujeto de interés, el «espíritu» de la empresa y el de la cárcel se relacionan directamente dentro de un marco general de patologización de las relaciones de solidaridad y de normalización de las respuestas resistentes.
Debemos, entonces, asumir el desafío de pensar las transformaciones terapéuticas en el ámbito penal como parte de unas estrategias de gobierno que no se entienden o explican a partir de las nociones clásicas de la economía política. El poder terapéutico reclama otro paradigma. Para pensar la gubernamentalidad terapéutica es necesaria la destrucción (el abandono o modificación radical) de los códigos por las cuales hasta ahora hemos pensado la política. Significa romper con la idea de la política como una determinación externa al proceso «natural» de una vida. Significa emprender el rescate político de la vida cotidiana, de lo «familiar», de las acciones que permanentemente reconstruyen y reelaboran las funciones vitales de nuestra vida gregaria. Lo impuro, lo salvaje, lo «proto», lo infra-político. El poder terapéutico re-codifica y abre un riesgo ante el espacio de la política definido por las agencias estatales. Su acción re-instituye, es un nomos. No pretende «suspender» sino manejar y administrar la excedencia de procesos energéticos, semióticos y creativos. Preguntamos: ¿Cuánto de estas energías, de estos símbolos y de estas capacidades queda fuera de esta terapéutica del ser? No lo sabemos, pero pensamos que no es algo que pueda ser aclarado sólo con la teoría. Pero nos parece que proclamar la confianza en aquello que el poder no capta, no «sabe» o no subsume, es volver a trazar una solución (abstracta) que nos re-significa (confirma) en nuestra condición de derrota.
1+2 puede dar 3, o no…
La tercera hipótesis es que los lenguajes médicos y jurídicos han encontrado un nuevo camino penal para escenificar una representación todavía encubierta de reforma clínica del espacio penitenciario. El fenómeno: la prisión. El encubrimiento, el terapéutico. Hay que entender lo terapéutico, como escenificación encubierta de un nuevo fenómeno de poder que atraviesa el espacio del ser en cuanto sujeto «a y de» terapia:
«Fenómeno como manifestación de algo, justamente no quiere decir, por consiguiente, mostrarse a sí mismo, sino el anunciarse de algo que no se muestra, por medio de algo que se muestra. Manifestarse es un no-mostrarse. Pero este «no» no debe confundirse de ningún modo con el «no» privativo que determina la estructura de la apariencia. Lo que no se muestra, a la manera como no se muestra lo que se manifiesta, jamás puede parecer.»9
El concepto y el estatuto del ser humano está, entonces, en el centro de esta re-codificación. Una mutación podríamos decir «antropológica», pero en un nuevo sentido: «logía» de «lógica»: discurso; «an» (prefijo de privación, un ejemplo cualquiera: an-arquía): que falta; y «tropos».
An-tropo-logía: «Discurso desprovisto (falto) de tropos», o también, «Ciencia del no-tropos» = Lo encubierto del poder terapéutico tiene a que ver con la falta de un discurso sobre el ser humano que lo habita.
Si la «emergencia» sigue siendo la forma privilegiada de denominación de la fenomenología de la crisis del sujeto, no debe sorprender que en el centro del ataque esté precisamente el concepto de Hombre. Es suficiente analizar el ritual de la crisis del aparato penitenciario, y su producción de una nueva verdad de tratamiento de los sujetos sujetados a la disciplina terapéutica, para diagnosticar la «emergencia» de una nueva noción de peligrosidad sobre la que actúa y se disloca una nueva tecnología de la verdad demostrativa del dispositivo penitenciario. Pasamos de un gobierno de custodia militar a un régimen de reforma terapéutico-asistencial. En este caso nos limitamos a señalar cómo el lenguaje clínico interviene sobre nuestra experiencia contemporánea del ser. En su visión del ser humano como objeto de conocimiento positivo crece una progresiva medicalización de la existencia. Detrás de la batalla entre formato militar o terapéutico de producción de un orden práctico de legalidad, junto al re-nacimiento de un discurso clínico de fundación del consenso, la prisión sigue almacenando vidas humanas. La prisión, en su mutación clínica, es un territorio de experimentación de una normalización que se concibe en términos de salud. Si en el encuentro entre los regímenes neoliberales y la producción de un nuevo sujeto subjetivado prevalece la experiencia de nosotros mismos y de nuestras vidas en términos médicos, significa que estamos frente a un giro gubernamental importante que se fundamenta sobre la captura del dispositivo medico-penal de la enfermedad social.
¿Qué es la terapia si no un proyecto de construcción del ser funcional a una reinserción subjetivada, sujeto del (y al) flujo de la verdad demostrativa de lo real-capitalista?
Mientras se despliega una terapéutica clínico penal de producción de sujetos se articula una nueva división del trabajo que hace del médico y del juez, del psiquiatra y del psicólogo los nuevos dueños de una certificación de derechos de supervivencia. Todo esto mientras sobre el malestar se reorganizan, desde hace tiempo, los lucrativos negocios de la fractura del Welfare State. Tal como señala Nikolas Rose:
«La medicina contemporánea compone una serie de tecnologías de salud: fórmulas y técnicas con las que decreta el business de la cura de la enfermedad o de la producción de salud, en las técnicas de rehabilitación y en el mandato de auto-curación y de instrumentalización de los estilos de vida en nombre de la salud. Estas relaciones dotan de poder (empowered) el personal médico de distintas maneras y les distribuyen responsabilidades diferentes en relación a los procesos de curación y normalización (de la enfermedad).»10
De aquí que no deberíamos sorprendernos que la prisión se convierta en clínica y la clínica en prisión: ambos movimientos son sincrónicos y equilibran un proceso de medicalización y una racionalidad gubernamental, jugando un papel determinante y formativo en la invención de un espacio social vaciado disciplinariamente. El fenómeno encubierto de la mutación terapéutica de las prisiones no solo señala el cierre de una época histórica que se lleva consigo miles de resistencias (dentro y fuera de las prisiones), sino que marca el cambio de un modelo de racionalidad de gobierno y un nuevo régimen del ser que solo se hace inteligible desde un retículo discursivo clínico-penal. Ya no unas máquinas de guerra sino unas «máquinas de curación».
Enfermedad y crimen llegan a ser sinónimos y el proceso, esto sí, de reinserción de la ilegalidad en la legalidad abre nuevas posibilidades económicas, nuevos aparatos de gobierno y diferentes figuras de poder. La evaluación del síntoma produce posibilidad de reconocimiento o desviación de la norma:
«A través de este dispositivo, en la maquina de la verdad que ordena cuerpos, espacios y miradas, la enfermedad (y entonces la salud) se reterritorializa en un dominio de conocimiento empírico de eventos observables y de regularidades matemáticas.»11
Mientras los formatos del castigo se reorganizan, a través de una razón medica que produce su propio régimen de verdad, el diagnostico sustituye la ley, el fenómeno deviene síntoma y lo normal se hace potencialmente patológico. Cuando Michel Foucault afirmaba en su curso sobre el Poder Psiquiátrico (1973-1974) que la manera de organizar el conocimiento positivo de la vida mental de una persona se articulaba sobre un conocimiento terapéutico de la experiencia de la locura, no señalaba simplemente la génesis de las condiciones de posibilidad de un poder psiquiátrico sino que esta misma génesis estaba constituyendo nuevas condiciones de ser del sujeto sujetado. Veinte años después Nikolas Rose retoma esta reflexión abriendo un nuevo campo de análisis que, desde nuestro observatorio sobre las mutaciones penitenciarias, suena como un mensaje de alarma:
«Progresiva eliminación del significado metafísico y espiritual del sufrimiento a favor de una propedéutica de la muerte y una ética de la felicidad. (…) Cuando el lenguaje y el imaginario conectan la muerte con la vida, cuando la muerte inicia a incorporarse en los cuerpos vivientes de los individuos, solo entonces las ciencias pueden capturar el orden natural del cuerpo como objeto de conocimiento.»
Las ciencias terapéuticas son actualmente las únicas disciplinas autorizadas a producir un discurso reformador. Cuando la prisión cambia hacia un horizonte terapéutico y plantea su metamorfosis desde la incorporación de la práctica clínica en su dispositivo jurídico-penal, estamos frente a una reforma que re-sincroniza la frecuencia del castigo para inaugurar un nuevo, siempre viejo, calendario de ilusiones. Toda reforma es un retorno a una condición eterna de sujetos y objetos de saber y poder:
«Lo que en el xix y xx siglo será el Hombre, no es otra cosa que una imagen que queda de la oscilación entre individuo jurídico (que ha sido la herramienta a través de la que la burguesía ha reivindicado el poder) y el individuo disciplinar (resultado de una tecnología empleada por la misma burguesía para construir el individuo en el campo de fuerzas productivas y políticas). Oscilación entre el individuo jurídico, herramienta ideológica de la reivindicación de poder, y disciplinar, herramienta real del ejercicio físico de este poder. De esta oscilación entre el poder que se reivindica y el poder que se ejerce, nace la ilusión y la realidad a la que se da el nombre de Hombre.»12